La ciudadanía panameña asiste atónita a la ola de medidas antidemocráticas que en las últimas semanas ha tomado el gobierno de Ricardo Martinelli, y su Asamblea Nacional de Diputados. A la durísima represión contra quienes protestan por alguno de los tantos reclamos sociales que agobian al pueblo panameño, ahora se ha procedido a criminalizar la protesta social, con una reforma legal espuria que penaliza el cierre de calles con una sanción, de seis meses a dos años de prisión, que viola los más elementales derechos humanos, democráticos y constitucionales.
El gobierno de Ricardo Martinelli y su gabinete oligárquico se ha quitado la careta y muestra los rasgos del régimen seudo fascista que quiere imponer. En las últimas semanas se ha procedido a responder a todas las demandas sociales con la represión policial. Sean obreros de la construcción, indígenas, precaristas o defensores del medio ambiente, la única respuesta que han recibido es palo y carcelazo, pisoteándose el debido proceso y el habeas corpus.
El objetivo de estas medidas es impedir cualquier protesta contra las medidas impopulares que se han tomado: aumento de del ITBM’s al 7%; aumento del costo de la canasta básica y las medicinas; uso de fondos de la Caja de Seguro Social para “comprar” los corredores norte y sur, en vez de nacionalizarlos como se había prometido, mientras se deterioran los servicios de salud; uso abusivo de la contratación directa, claro indicio de corrupción; más concesiones a empresas mineras e hidroeléctricas desconociendo los derechos de las comunidades; en fin, “más de lo mismo”.
Martinelli pretende que, por haber ganado las pasadas elecciones, tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana, sin consultar con la ciudadanía, violando derechos consagrados en la Constitución y las leyes. De ahí la campaña de desprestigio que ha lanzado contra algunas organizaciones de la “sociedad civil”, pero que es extensiva a todo tipo de organismos sociales: gremios docentes, sindicatos, etc. Actitud que nos aleja de una democracia participativa y nos lleva a la imposición de un régimen totalitario.
Desconociendo la labor que realiza la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la mayoría oficialista de la Asamblea ha impuesto una reforma electoral para bloquear la aplicación de la revocatoria de mandato. De manera que, como le sucede al PRD, el actual gobierno pueda comprar con el erario público figuras que ocupan cargos de elección popular, electos en nombre de partidos opositores, neutralizando cualquier resistencia a sus medidas.
El Partido Alternativa Popular está de acuerdo con la verdadera revocatoria en manos del pueblo, es decir, que la ciudadanía pueda deponer, desde el presidente hasta el último concejal, si incumplen sus promesas electorales, mediante un referéndum revocatorio, como se ha hecho en Venezuela y Bolivia. Pero lo actuado por el oficialismo panameño es todo lo contrario: neutralizar a los partidos opositores comprándolos e introduciendo “quintas columnas”.
El Partido Alternativa Popular hace un llamado a toda la ciudadanía a unir esfuerzos contra la arremetida del gobierno y salir a defender las libertades democráticas amenazadas. Al movimiento obrero y popular le exhortamos a realizar el máximo esfuerzo por concretar un 1 de Mayo UNITARIO Y COMBATIVO en defensa de los derechos democráticos, sindicales y económicos.
PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR
Comité Ejecutivo
Panamá, 9 de abril de 2010
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