miércoles, 22 de diciembre de 2010

Exigimos destitución inmediata del Procurador Bonissi

Una vez más, desde que llegó al cargo de manera espuria, el procurador encargado Giuseppe Bonissi se ve involucrado en un escándalo de corrupción que afecta no sólo al Ministerio Público, ya que en esta ocasión involucra a la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado José A. Almengor.
 
En este nuevo escándalo, el procurador y su equipo de trabajo (nombrado por él, bajo recomendación de Almengor) se hacen acusaciones y contra acusaciones, respecto al cobro de una coima de 400 mil dólares por liberar a personas acusadas de narcotráfico.
 
A juicio del Partido Alternativa Popular las acusaciones mutuas, que involucran al Magistrado Almengor, muestran fehacientemente la podredumbre generalizada que existe en el Ministerio Público y sus alcances hasta la Corte Suprema de Justicia y al mismísimo Presidente de la República, Ricardo Martinelli.
 
Recordemos que el señor Bonissi llegó al cargo, igual que Almengor, por el marcado interés del presidente Ricardo Martinelli de controlar el sistema judicial para usarlo como instrumento de procesos amañados, pretendiendo con ello, silenciar   las voces opositoras a su gobierno y encubriendo los abusos de los funcionarios bajo su mando.
 
Durante la lucha contra la Ley Chorizo se evidenció el uso político que Martinelli, Bonissi y el fiscal Calderón hacen de la Procuraduría al levantar un expediente amañado para tratar de arrestar a la dirigencia sindical y al Prof. Juan Jované, que se ha convertido en un referente de la oposición a su gobierno.
 
Tratando de desviar la atención respecto al escándalo que los corroe, la intromisión del narcotráfico en el Ministerio Público, el Sr. Bonissi ha montado otro expediente amañado llamando a juicio a más de veinte personas, entre ellas al Prof. Juan Jované.  
 
El Partido Alternativa Popular denuncia que el objetivo del procurador no es hacer justicia como se merecen las víctimas del envenenamiento por dietylenglicol, sino usar el expediente políticamente. Respecto a la falaz acusación contra el Prof. Jované, el Sr. Bonissi pretende ignorar que fue él, como director de la CSS, el que advirtió sobre el estado del laboratorio y propuso a la Junta Directiva su cierre o reestructuración. Al igual que “olvida” que la Corte emitió un fallo desvinculando a Jované de este proceso.

Se trata de desviar la atención de los verdaderos problemas producidos por quienes ostentan el poder y de paso, deshacerse de una figura presidencial que representa los verdaderos intereses del pueblo y que en la calle, ha demostrado el coraje necesario para conducir las luchas populares en contra del neoliberalismo y sus representantes.

Por el manejo escandaloso y corrupto del Ministerio Público, el Partido Alternativa Popular se exige la destitución inmediata del procurador Bonissi y todo su equipo y que se nombre un procurador acorde con el procedimiento constitucional.
 
Panamá, 22 de diciembre de 2010

martes, 19 de octubre de 2010

LA LEY 30 DESAPARECIÓ PERO SU HERENCIA SIGUE VIGENTE

La Ley 30 ha desaparecido dando paso a seis leyes distintas cuyo contenido ha emanado de la llamada Mesa de Diálogo, y cuyos resultados son contradictorios pues, si bien se lograron eliminar algunos de los aspectos más controversiales, se mantienen vigentes ataques fundamentales contra los intereses de las mayorías panameñas.

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Lo positivo: la Mesa de Diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.

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Lo negativo: se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado, se reiteró en el impedimento a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además de que se mantiene la vigencia de la Ley Carcelazo cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha.

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No hubo tampoco acuerdo sobre las demandas del movimiento social de Changuinola, ni sobre resarcimiento a las víctimas, ni mucho menos respecto a los múltiples problemas sociales que aquejan a la provincia (hospital, agua, electricidad, etc.). Tampoco logró la Mesa de Diálogo desactivar las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar, incluido nuestro dirigente el Prof. Juan Jované.

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En cuanto al derecho a huelga, si bien se eliminó lo más lesivo, como la posibilidad de que las empresas contraten rompehuelgas, se mantiene que la gerencia, su personal de confianza y empleados de mantenimiento puedan entrar a las plantas durante una huelga legal. Desde la perspectiva de los intereses obreros, esto es un retroceso respecto a lo que había, es decir, el cierre total de una empresa en huelga.

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Algunos analistas también han expresado preocupación respecto a que la reforma asegura la paralización de la producción durante una huelga legal, lo cual cabe para la industria, pero la palabra “producción” puede dejar por fuera al amplio sector comercial y financiero que prevalece en el país.

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Desde el Partido Alternativa Popular señalamos que los objetivos de la Ley Chorizo se mantienen vigentes porque se mantiene el decreto que crea el Plan Quinquenal dictado por Martinelli y el MEF, de donde ésta emanó. Lamentablemente la negociación sin movilización ha dado un segundo aire al gobierno que se expresa en su ataque a los periodistas y las amenazas contra la libertad de expresión.

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Desde el PAP exhortamos a los compañeros de CONATO y CONUSI ha mantener la movilización unitaria para enfrentar las consecuencias de la política antipopular del gobierno: aumento de precios, miserables jubilaciones, intento de aumentar la edad de jubilación, compra multimillonaria de los corredores, etc., etc.

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La lucha social debe ser acompañada por el esfuerzo, también unitario, de construir una alternativa política de los trabajadores y el pueblo hacia el 2014, para hacer realidad el verdadero cambio al que aspira la nación panameña.

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Panamá, 18 de octubre de 2010.

jueves, 7 de octubre de 2010

A 75 AÑOS DE SU FUNDACIÓN: LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EN EL SIGLO XXI

La Universidad de Panamá cumple 75 años de estar aportando los mejores profesionales y pensadores que ha tenido el país. No es casual que la institución fundada en 1935 es conocida como la “conciencia crítica de la Nación”. La juventud estudiosa universitaria no sólo ha producido los mejores libros, las obras materiales y espirituales que caracterizan mejor a los panameños.

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Fueron jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá que marcharon a la cabeza del pueblo panameño en 1947 para rechazar los tratados de bases militares Filós-Hines. La juventud de la siguiente generación enarboló el tricolor en las jornadas de Enero de 1964. Cada generación de universitarios hasta nuestros días ha hecho aportes significativos en la consolidación de la soberanía nacional y en la lucha por la justicia social.

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El Partido Alternativa Popular (PAP) saluda a la Universidad de Panamá en esta fecha histórica. A la vez, celebra junto con el pueblo panameño su contribución al desarrollo del país. Sobre todo, el PAP reconoce el papel fundamental de la casa de estudios superiores en la lucha por impulsar el proyecto de nación anhelado por el pueblo panameño.

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El PAP le rinde homenaje a las generaciones que le han dado forma a la Universidad de Panamá en sus 75 años de existencia. Son esas generaciones las que convirtieron a la Universidad de Panamá en la institución nacional más importante después de la fundación de la República. Hay que rendirle, en este momento crucial, homenaje a los hombres y mujeres de la talla académica de Octavio Méndez Pereira, Jeptha Duncan, así como de la combatividad de Clara González y Carmen Miró y tantos otros.

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Pero también el PAP tiene que recordar a ese estudiantado, hijos e hijas del pueblo panameño, que después de una dura jornada de trabajo se traslada a las aulas, muchas veces sintiendo hambre y bajo condiciones no favorables se adentra en los libros. Ese amor por la superación es el material con los cuales fueron hechos los profesionales del presente.

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En esta coyuntura tan significativa, sin embargo, el PAP no puede quedarse contemplando el pasado y los avances realizados. Es necesario analizar los acontecimientos nacionales y el papel de la Universidad de Panamá. Quizás aún más importante, tenemos que identificar los retos que enfrenta la universidad nacional en el siglo XXI.

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En el siglo XX Panamá perfeccionó su soberanía y construyó una sociedad con gran potencialidad basada en la riqueza de su posición geográfica. En el siglo XXI hay nuevos retos, aún más difíciles para el país y, nuevamente, la Universidad de Panamá tendrá que ocupar una posición de vanguardia. Le tocará formar a los pensadores, profesionales, técnicos y especialistas que participarán en la consolidación de la nación panameña.

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El PAP está seguro que la Universidad de Panamá, al igual que en los primeros 75 años de su historia, será la institución que en el siglo XXI forjará la materia prima de nuestro pueblo y la convertirá en el instrumento de excelencia que nos guiará por los caminos de desarrollo y prosperidad del futuro.

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La Universidad de Panamá enfrenta, en la actualidad, una coyuntura difícil. No es la primera vez en su historia y tampoco será la última. Le corresponde a la comunidad universitaria superarla para lo cual tendrá que buscar refuerzos en la sociedad panameña. El PAP quiere recordarle a los universitarios que la nación panameña está comprometida con su Universidad, de la misma manera que la casa de estudios superiores siempre ha estado del lado de su pueblo.

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Hay que evitar las perspectivas unilaterales del problema universitario, porque no enfocan debidamente la multidimensionalidad de los problemas que enfrenta la Universidad de Panamá hoy. Sin dejar de lado la responsabilidad que compete a sus actuales autoridades, también es cierto que muchos de las taras que se le achacan son comunes a la crisis que sacude al Estado panameño.

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Por encima de los candidatos está la Universidad de Panamá

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La apertura anticipada de un nuevo proceso electoral para designar las autoridades de la Universidad de Panamá, obligan al PAP a esbozar unos criterios básicos que guíen al pueblo para asegurar que esta institución siga siendo baluarte de la educación pública superior, la democracia, el desarrollo económico y la consolidación de la nación panameña.

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El proceso se ha iniciado con la propuesta de reformar la Ley Orgánica para permitir la reelección del Rector y demás autoridades. El PAP es consciente que los criterios que aquí vertimos van mucho más allá de las personalidades postuladas para regir los destinos de la Universidad de Panamá a partir de 2011. A juicio del PAP, los problemas y desafíos que enfrenta la institución son estructurales y no personales.

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Cualquier planteamiento serio sobre los retos que enfrenta la Universidad de Panamá, en particular, y de la educación superior, en general, implica tener muy claros cuales son los problemas del país en la coyuntura actual. Hay que entender que la realidad actual es el resultado de un proceso que se desenvuelve de manera peligrosa desde hace 20 años por lo menos. Hay que tener una perspectiva multidimensional del problema, que incluye las políticas públicas nacionales, los compromisos de las autoridades internas y las tendencias socioeconómicas imperantes en el plano internacional.

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En la presente coyuntura el PAP aún no tiene candidato. En esta organización militan compañeros de los tres estamentos universitarios: profesores, estudiantes y administrativos. Cada uno de esos militantes está estudiando los problemas nacionales y contribuyendo con sus aportes a los avances del programa del PAP. Nuestra dirección recibe las inquietudes de estos estamentos y los evalúa en el marco de la realidad nacional. Debido al enorme peso que tiene la Universidad de Panamá en nuestra sociedad, no podemos soslayar la responsabilidad de analizar la situación universitaria y contribuir a fortalecer sus estructuras mediante la emisión de opiniones responsables, para beneficio del país, especialmente de la juventud estudiosa. El debate en torno a la Universidad de Panamá se desarrolla en todas nuestras instancias, tanto dentro de “la casa de Méndez Pereira” como en el resto del país.

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Para nuestra organización es preocupante que el tema universitario, hoy se está debatiendo en las entrañas del órgano del Estado más cuestionado por la sociedad panameña, como lo es la Asamblea de Diputados, caracterizada por el desconocimiento absoluto de la Constitución y las leyes. Los universitarios y el pueblo panameño debemos estar alertas y vigilantes para que la decisión que finalmente se adopte sea la más conveniente a una universidad abierta popular democrática y científica.

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Sin olvidarnos que una gran cantidad de autoridades actuales han ocupado cargos de responsabilidad al frente de la institución por más de 20 años y deberían abrir el camino para una profunda transformación que implique nuevas ideas y compromisos para salir del estancamiento, sin que ello signifique poner en peligro los derechos de ningún sector y a la vez que puedan seguir aportando desde otras posiciones.

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El neoliberalismo, enemigo de la educación superior

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La coyuntura universitaria panameña no deja de ser consecuencia de las políticas neoliberales impuestas por el “consenso de Washington”. El esquema neoliberal que se ha impuesto en el mundo es el principal responsable de la crisis de la educación superior en todos los países. Recientes conflictos en las universidades de Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Chile y México, entre otras, son prueba fehaciente del fracaso del modelo neoliberal.

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Para el PAP es evidente que los criterios neoliberales impuestos por el llamado Consenso de Washington a las economías del mundo, han conducido a un deterioro de los niveles de vida. Los esquemas impuestos a nuestros países, como la flexibilización laboral, apertura de mercado, las privatizaciones, el debilitamiento del Estado, han producido una globalización desigual. Estas políticas han generado una mayor polarización social y un empobrecimiento generalizado que afecta a las universidades, incluyendo las nuestras.

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Los gobiernos panameños y su responsabilidad en la crisis educativa

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Panamá no ha escapado a los esquemas neoliberales que se han afincado en los últimos 20 años. La estrategia de los gobiernos es transformar la educación superior en institutos técnicos llamados a satisfacer las necesidades pasajeras de inversionistas nacionales y extranjeros. El estancamiento académico, la alta deserción de estudiantes, la falta de políticas y recursos para la investigación, el deterioro del equipamiento tecnológico, son algunos de los problemas que afectan a la educación superior en Panamá.

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Sin Estrategia de Desarrollo no hay reforma curricular que valga

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Los gobiernos panameños, productos de la globalización neoliberal, han renunciado a tener un Plan de Desarrollo Nacional. Los gobiernos de la era “democrática” han tenido planes económicos, pero no de desarrollo, sino antinacionales, como el Plan Chapman o la Estrategia Quinquenal del actual gobierno.

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El país marcha a la deriva siguiendo de manera improvisada los vientos que se imponen desde el extranjero en busca de negocios rápidos. Sin esa estrategia de desarrollo, que los sectores populares organizados y la Universidad de Panamá deben y pueden elaborar, es imposible que la educación en general, y la educación superior en particular, definan un rumbo coherente. Sin un plan de desarrollo nacional hablar de reforma curricular es sólo improvisación, pretendiendo transferir la responsabilidad por la crisis educativa a los educadores para simplemente arrebatarles conquistas sociales, económicas y organizativas.

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El problema fundamental no es la educación, ni de los planes de estudio, por más obsoletos que pudieran ser, sino de los gobiernos que no han trazado un plan de desarrollo y aplican políticas que socavan la educación pública.

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Las autoridades de la universidad deben rendir cuentas

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La polarización de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento generalizado de la población que ha traído el esquema neoliberal tiene consecuencias directas sobre la educación abriendo una brecha cada vez mayor entre la educación que reciben los pobres y la que reciben los ricos. Esta brecha social educativa y académica es cada día más evidente en los educandos que llegan a la universidad y se expresa desde los propios exámenes de conocimiento que se hacen en la admisión.

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La responsabilidad por esos problemas crecientes es, por un lado, de las políticas económicas neoliberal a las cuales han apostado los gobiernos. Por el otro, tienen responsabilidad las autoridades que han regido los destinos de la Universidad de Panamá durante los últimos 20 años.

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Por ejemplo, no obedece a ninguna lógica coherente que la Universidad de Panamá autorizara a universidades privadas que gradúan licenciados en derecho en tres años de estudio. La decisión constituye un golpe mortal a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, fundada por José D. Moscote. A lo dicho se puede agregar la apertura de más de 40 universidades privadas con aval del Consejo Académico.

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Principios básicos para un programa de desarrollo universitario

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En el marco del 75º aniversario de la Universidad de Panamá, el PAP se pronuncia sobre el futuro de la casa de estudios superiores, considerada la “conciencia crítica de la Nación”.

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1. Autonomía y cogobierno: El PAP percibe la autonomía como una conquista histórica de la Universidad de Panamá. Desde la década de 1950 la independencia de la Universidad frente a los gobiernos contribuyó a sus avances en el campo académico y científico. La independencia es un reto especialmente difícil cuando estamos frente a un gobierno con tendencias autoritarias. Hay que incentivar el debate libre de ideas entre los tres estamentos de la institución y con todos los sectores del país. Autonomía frente a los gobiernos y democracia interna son los dos principios que garantizarán la misión de la Universidad de Panamá en el desarrollo nacional.

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2. La defensa de la educación pública en el marco de un plan de desarrollo nacional: El PAP considera a la Universidad de Panamá como la “universidad del pueblo panameño”. En la actualidad, el pueblo la está defendiendo frente a las políticas neoliberales que pretenden recortar sus presupuestos. Esto conlleva también la defensa del conjunto del sistema de educación pública a todos los niveles. El PAP invita a la Universidad de Panamá a formular un Plan Nacional de Desarrollo. Si las élites gobernantes carecen de un proyecto de país, los sectores académicos que se concentran en la universidad deben suplir esa carencia.

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3. La investigación ligada a la docencia: El PAP conmina a la Universidad de Panamá a convertir la investigación en el eje sobre cual debe transformarse el currículo universitario. Hasta ahora el 90% de la actividad institucional ha estado centrada en la docencia, pero es la investigación la que puede aportar conocimientos nuevos útiles al país.

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4. Mayor descentralización y apoyo al desarrollo de los centros regionales: El PAP y el pueblo panameño coinciden en ver el futuro de la Universidad de Panamá proyectado en los Centros Regionales que cubren toda la geografía del país.

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5. Corrupción: El PAP ve con preocupación las denuncias públicas hechas por las propias autoridades universitarias y por muchos sectores sociales del país sobre los supuestos actos de corrupción institucional. Hay que separar de sus cargos a las personas señaladas en casos de corrupción.

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Panamá, 7 de octubre de 2010.