El pueblo de Bocas del Toro, encabezado por el Sindicato de la Industria del Banano, ha mostrado a la sociedad panameña el camino para defender las libertades democráticas y sindicales amenazadas por el gobierno empresarial y ultraderechista del Sr. Martinelli. Mediante la huelga general, discutida y aprobada por la asamblea general de los trabajadores, a la que se sumaron el resto de las fuerzas sociales, gremiales y las comunidades, han puesto en jaque al gobierno prepotente exigiendo la derogación inmediata de la Ley 30 (o Ley Chorizo) y la Ley Carcelazo.
El gobierno antipopular de Martinelli ha lanzado una dura represión contra el movimiento obrero a nivel nacional intentando en vano acallar las protestas y evitar la HUELGA GENERAL del martes 13 de julio, convocada por todos los sectores sindicales nacionales, tanto de CONUSI – FRENADESO, como de ULIP-CONATO.
De manera inconstitucional el presidente Martinelli ha girado orden de detención contra dirigentes sindicales, como Saúl Méndez de SUNTRACS, y ha procedido a reprimir a los trabajadores reunidos en el Hotel Soloy el sábado 10 de julio, arrestando a decenas de personas, que fueron liberadas por mediación de Justicia y Paz en horas de la noche. Pero en la ciudad de Colón hace más de una semana permanecen detenidos 50 trabajadores, a los que hay que sumar los más de 200 arrestados en Bocas del Toro.
Que estamos ante un gobierno autoritario y antipopular que gobierna de espaldas al país, quedó claramente graficado en las pretensiones del presidente Ricardo Martinelli de irse a ver la final del mundial de fútbol a Sudáfrica. Pero la insurrección popular de Changuinola se ocupó de devolverlo a la realidad, frustrando su paseo número 20 por el extranjero en apenas un año de gobierno.
El Partido Alternativa Popular suma su voz de apoyo al pueblo de Changuinola y exige al gobierno que cese la represión contra la dirigencia sindical y los trabajadores bocatoreños. Demandamos que se separe al jefe de la Policía Nacional por la muerte del dirigente sindical Antonio Smith, los cientos de heridos, treinta de ellos de gravedad, y que se investigue la existencia de otros tres asesinados como denuncia el sindicato. Además el jefe de la fuerza pública ha emitido expresiones racistas, al calificar a los huelguistas como “indios borrachos”, frase repetida por el ministro Mulino.
Demandamos también la destitución inmediata de los dos ministros responsables de la imposición inconsulta de la Ley 30 y de la salvaje represión contra el pueblo bocatoreño: Alma Cortés de MITRADEL y José Raúl Mulino de Seguridad. Así como la puesta en libertad de todos los detenidos en Bocas del Toro y Colón, y el cese de todas las persecuciones contra la dirigencia sindical.
El Partido Alternativa Popular señala la necesidad de un rápido pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre las diversas demandas de inconstitucionalidad de la Ley 30, entre ellas la interpuesta por ULIP-CONATO que establece la nulidad de una ley que firmó el ministro Mulino usurpando funciones que no le correspondían en clara violación de la Constitución Política nacional. La omisión de este deber por el máximo órgano de justicia mostraría una vez más que la “división de los poderes” es una falacia en Panamá y que los magistrados no son más que títeres del presidente de turno.
Al conjunto del pueblo panameño le exhortamos a apoyar activamente la HUELGA GENERAL convocada para el martes 13 de julio, exigiendo la derogación de la Ley 30 y el respeto alas libertades democráticas y sindicales.
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